"Todo lo que se haga de acuerdo con el menor y la familia tiene mejores resultados", sostiene Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universidad Ramón Llull y catedrática de Derecho Penal.En definitiva, unas medidas socioeducativas que, con la legislación actual, ya se pueden tomar, e, incluso, pueden acabar con los menores infractores en centros cerrados en los casos más graves, asegura el jurista, ex fiscal de menores de la Comunidad de Madrid, Félix Pantoja.Otra cosa bien distinta es cómo se utilizan, cómo funcionan, con qué medios y con qué limitaciones se encuentran esos mecanismos, que en la práctica totalidad de los casos son gestionados por los servicios sociales de las comunidades.

"Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad y crear los mecanismos especializados para responder adecuadamente lo más rápido que se pueda", añade Pascual Jiménez de Bagüés, educador del Equipo de Menores de Catorce Años, organismo creado por los servicios sociales en la provincia de Zaragoza para los chavales que cometen delitos por debajo de esa edad.Empezaron a trabajar en 2002 porque los profesionales de protección de menores no especializados dejaban desatendidos el 95% de los casos de infractores menores de 14 años.

Dada la importancia que tiene una intervención educativa realizada a tiempo en la prevención de la reincidencia, sobre todo de comportamientos violentos, habría que apostar por respuestas que, como la justicia reparadora, favorezcan la responsabilización y la concienciación del menor sobre las consecuencias de sus actos".Porque, de hecho, la incógnita que se abre es si sirven de algo los internamientos por sí solos.

Además, ponía de manifiesto que la mayoría de ellos son de gestión privada, por lo que se produce lo que el psicólogo Javier Urra calificó como una "desresponsabilizacón" de las administraciones, algo que planea sobre todos los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, de protección y reforma del menor -el 70% de los centros de reforma también son de gestión privada, algo que seguramente provocaría grandes aspavientos sociales si se tratara de cárceles para mayores de edad-.De hecho, el Poder Judicial emitió un informe el año pasado en el que no sólo puso de manifiesto que 6.000 sentencias de menores no se ejecutan por falta de medios, sino que, en concreto, la falta de centros, educadores y recursos terapéuticos hace "que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicción de menores no pueden ser alcanzados".En el caso concreto de los infractores menores de 14, la fragmentación ya señalada hace muy difícil hacer una valoración general de este tipo, aunque todo apunta también a una escasez de medios.

Source:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/puede/reeducar/lugar/encarcelar/elpepisoc/20090726elpepisoc_1/Tes